En el marco del Día Mundial del Agua, es imperativo reflexionar sobre el recurso hídrico no solo como un insumo básico, sino como el principal determinante social de la salud. El acceso al agua segura es la primera barrera contra las enfermedades infectocontagiosas y el pilar fundamental sobre el cual se construye la salud pública moderna. En Panamá, la gestión del agua en áreas rurales representa uno de los modelos del Ministerio de Salud, donde el empoderamiento y la organización comunitaria se convierten en la base de la sostenibilidad de los acueductos en nuestro país.»
La relación entre el agua y la salud en nuestro país no es solo una meta social, es un mandato legal. La Constitución Política de la República de Panamá, establece que es función esencial del Estado velar por la salud de la población y que el individuo tiene derecho a la promoción, protección y recuperación de esta. Este mandato se sustenta a través de un marco regulatorio:
- Código Sanitario (Ley 66 de 1947): Que otorga al Ministerio de Salud (MINSA) la autoridad para vigilar la calidad de los servicios de agua.
- Decreto de Gabinete No. 1 de 1969: Que consolida la estructura orgánica de salud para responder a las necesidades básicas de la población.
- Políticas de Salud 2019-2025: Alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 6), que buscan garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos.
- Agenda de Salud Sostenible de las Américas 2018-2030: Que insta a los países a reducir las brechas de desigualdad en el acceso a servicios básicos.
La historia de la salud pública en Panamá ha estado marcada por la búsqueda de soluciones técnicas adaptadas a la realidad local
- Década de 1960: Se priorizó la infraestructura básica mediante la perforación de pozos e instalación de bombas manuales en caseríos dispersos.
- Década de 1970: Surgieron los Comités de Salud, una figura histórica en la Promoción de la Salud, responsables de planificar y ejecutar programas locales de abastecimiento.
- 1994 a la actualidad: Con el Decreto Ejecutivo No. 40, nace la figura de las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAARS), marcando un hito en la descentralización de la gestión del agua.
Una JAAR no es solo una organización comunitaria; es un organismo de cogestión con el MINSA responsable de la administración, operación, mantenimiento y ampliación de los sistemas de acueductos rurales. Actualmente, bajo el paraguas de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS), funcionan más de 4,000 acueductos ruralesen todo el país y a nivel operativo, de los Departamento de Agua Potable de las Direcciones Regionales de Salud (DAPOS-R).
El éxito de estas juntas radica en los tres pilares de la sostenibilidad de los acueductos:
- Organización: Grupos constituidos con metas comunes de beneficio colectivo.
- Empoderamiento: El proceso mediante el cual la comunidad reflexiona y actúa sobre los factores que afectan su salud.
- Participación: La transición de la colaboración a la autogestión (independencia total en la toma de decisiones) y cogestión con el Estado (según Decreto Ejecutivo No. 1839 de 2014).
Para que el impacto en la salud pública sea real, la infraestructura debe ir acompañada de un cambio en el comportamiento humano. El enfoque técnico debe integrarse con:
- Calidad del Agua: No basta con que el agua llegue; debe ser apta para consumo humano mediante procesos de cloración constantes.
- Protección de Fuentes: La gestión de las cuencas hidrográficas es vital para asegurar la resiliencia ante el cambio climático.
- Higiene y Saneamiento: El lavado de manos, higiene personal, saneamiento básico y la disposición correcta de excretas completan el ciclo de prevención de enfermedades.
Reafirmamos que el agua es el hilo conductor de la salud pública. Al empoderar a las comunidades y fortalecer a las JAARS para que administren su propio recurso, no solo estamos entregando un servicio técnico; estamos sembrando vida y dignidad.
«Agua para la salud, participación para el desarrollo”
